Por Diego Andrés Díaz para Revista Extramuros 03.09.2022
ENSAYO
En Extramuros solemos sufrir un férreo y “artesanal” -por su confección manual, nada algorítmico- sistema de censura a diferentes publicaciones que hemos realizado en los últimos dos años. Esta censura sistemática suele moverse en forma torpe, contradictoria y poco sistematizada en su proceso, aunque implacable en sus resultados. Traigo a colación este tema porque hace unos días un contacto de redes que suele publicar artículos de interés general y reseñas de libros recibió una dosis de la medicina censuradora en redes, en Facebook en este caso.
Cuando se instala algún tipo de censura, hay que tener en cuenta dos elementos: si la misma responde a las “ideas dominantes” en la discusión pública -es decir, si son vehiculizadas por las ideas prestigiosas del momento- y si la censura esta respaldada por diferentes niveles de intervención estatal. Estos dos elementos son claves cuando se instala la controversia en el debate público sobre lo que se puede o no expresar, porque cuando emerge un ambiente inquisitorial y censurador en algún tipo de plataforma de comunicación, el peligro mayor radica en que las diferentes “soluciones” emergentes suelen traer -de forma deliberada o no prevista- mayores problemas.
Una de las típicas respuestas ante la intervención y “moderación gubernamental” de los discursos y expresiones de ideas, incluso de la exigencia de censura, es la “idea espejo” de pedirle a ese mismo Estado que garantice la libertad de expresión. Esta idea, por más bien intencionada que parezca, establece nuevamente el control político sobre el debate de ideas. Este efecto “boomerang” es resultado de la falsa idea que sostiene que la censura efectuada por el Estado y las que aparentemente ejercen agencias privadas son igualmente malas, y que no hay relación directa entre los mecanismos de censura de las redes sociales privadas y su creciente absorción por parte del Estado ampliado, que las usa a discreción para sus fines. Esta idea de que la salvaguarda de la libertad de expresión debería ser potestad de una agencia del mismo Estado que suele avanzar sobre la libertad de expresión -en lugar de salvar la libertad de expresión en sí misma y evitar la intervención política- solo establece nuevamente en el campo del gobierno la decisión última sobre lo que se debate. Un análisis meramente primario –que ya hemos referido en un artículo anterior– derrumbaría la tesis por la cual las redes sociales en internet censuran por motivaciones comerciales propias. Un ejemplo de esto lo realizó el mismo Director Ejecutivo de Facebook, Marck Zuckerberg, cuando admitió que aplicó diferentes niveles de censura a una información relevante, a pedido de una agencia del Estado, nada más y nada menos que el FBI. El proceso de paulatina gubernamentalización de la empresa privada y su transformación de una agencia más del Estado Ampliado moderno -como agentes de creación de hegemonía política- representa uno de los peligros más evidentes a la libertad en general. Realizar el análisis contrario -es decir, imaginar que el peligro es el carácter privado de estas empresas de comunicación- es abonar el camino de la profundización de la censura, en el mediano y largo plazo.
La trampa de apelar a la exigencia de promover intervención y la regulación para solucionar el problema de la censura solo institucionaliza y naturaliza la coacción pública para buscar soluciones. Se ha instalado en este contexto una falsa idea de lo que representa un monopolio, ubicando en un mismo y absurdo nivel los circunstanciales monopolios “de hecho” -que no puede eliminar a la competencia por la fuerza- de lo que son los verdaderos monopolios -por la fuerza de la ley- fruto de la acción de los gobiernos. La mayoría de los acusados de monopolios mediáticos no lo son de hecho, y su papel protagónico extremo como agentes directos de censura es resultado de la intervención de las agencias gubernamentales para usufructuarlos como medios de acción política. Un síntoma impactante de esto se da cuando uno analiza los contenidos propagandísticos de las más grandes plataformas de medios a nivel global, no es casualidad que éstas, las de agencias estatales nacionales en occidente, de los organismos internacionales de todo tipo, y de Partidos políticos y oenegés de promoción de la cultura progresista hegemónica a nivel global, sean todos verdaderamente indistinguibles, formando una misma masa de relatos y temáticas.
La libertad de expresión, necesariamente, debe representar un derecho desde la concepción de libertad negativa, como sostenía
Isaiah Berlin. En general, ambos discursos sobre la libertad de expresión -el que exige intervención para controlar discursos indeseables, y el que exige intervención estatal para salvaguardar la libertad de expresión interpretan que las agencias especificas del Estado, y no el imperio de la ley- conllevan al riego de depositar en el mismo actor las solución (el gobierno), y además no han encontrado la mejor forma de vehiculizar sus preocupaciones que apelar en general a las arenas movedizas de salvaguardar el “interés público”.
La presencia, nuevamente, de la apelación a defender el “interés público”, y llevarlo de un campo meramente de derecho administrativo a uno cargado de intenciones voluntaristas del “bien”, ha promovido la aparición de exigencias de regulación para frenar una de las nuevas muletillas de moda para justificar la censura: el “discurso de odio”. La insistencia de parte de actores del sistema político en la necesidad de “regular” y “controlar” los discursos de odio, va expandiendo como mancha de aceite su carácter arrojadizo al adversario político, en medio de una época donde el victimismo parece ser un activo ideológico fundamental para conseguir mayores y mas discrecionales niveles de poder.
La facultad de que los gobiernos salvaguarden el llamado “interés público” en lo que respecta a los contenidos comunicacionales, que faculta al Estado a perseguir supuestos fines colectivos a través de su accionar en lugar de defender los derechos individuales contra la censura y restricciones -que serán ejercidas en última instancia, por el poder del estado- cobra dimensiones aún más problemáticas, ya que para justificar este modelo de intervención se apela a que su fin es “democratizar los medios” y “enriquecer el debate público”, salvaguardándolo de sus enemigos. El uso indistinto de “interés público” y “democratización” cuando se refiere a la intervención de los medios y los mensajes no es antojadizo, es la cuña que intenta constantemente sostener la intervención -y con ello la censura- sin ser advertida, llevándola al plano de lo deseable por la sociedad (“democratizar” se ha convertido hace tiempo en un concepto amuleto). La receta es vieja: el “caos” – o “anarquía”, la idea del Mad Max mediático siempre es buena para asustar almas deseosas de control y espacios seguros”- vendría a ser bloqueado por la promoción gubernamental de un sistema de intervenciones, controles y promociones de un “debate público sano”, algo que “queremos todos”, en lugar de los señalados como “discursos de odio” o “fake news”.
Inevitablemente, los estándares donde se delimita el “interés público” se han convertido en el mecanismo ideal para el avance sobre el derecho individual a la libertad de expresión y pensamiento, ya que la simbiosis entre “interés público” e interés político es cada vez mas profunda. Además, la introducción del facto “discurso de odio” solo ha servido para crear un megamarco a censurar donde caen en ser igualmente valoradas un insulto a una amenaza, o una opinión corrosiva, con una agresión física o vandalismo. Esta indiferenciación a llegado a la delirante situación donde se justifica las agresiones físicas -en general de los movimientos identitarios de la izquierda política- a partir de supuestos “discursos de odio”, que no son otra cosa que opiniones políticas no alineadas al progresismo dominante. La justificación de la cancelación o del uso de la violencia misma contra personas, instituciones y propiedad privada esta sostenida en este “marco igualado”, donde la víctima de la agresión pasa a ser culpable por tener discursos de odio o “provocar” con sus dichos o su mera existencia.
En definitiva, el peligro sobre las libertades de pensamiento, expresión y prensa en todo occidente son reales, sea porque que se invoca la legitimidad de la censura en nombre de proteger un sector social débil o victimizado, una “verdad oficial”, o combatir discursos de odio; sea porque intenta proteger la libertad de expresión aumentando los niveles de intervención y arbitrariedad de agencias políticas del Estado. El riesgo real siempre gira en torno a la captura regulatoria por parte de nuevas agencias estatales, ya que la Historia ha demostrado hasta el hartazgo que usarán ese poder para reprimir cualquier tipo de discurso disidente. Las nuevas -y viejas- tecnologías de la comunicación requieren protección constitucional y legal del poder estatal y político, no de los ciudadanos. Siempre es deseable la regulación privada y voluntaria entre actores libres que la coactiva mano del Leviathan, por más que venga disfrazada de “buenas intenciones”.
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